Las mujeres de Atenco cimbran a la Corte Interamericana

La defensa de las mujeres, en la que también participa el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, se fundamenta en diversos peritajes de expertos

Gloria Leticia  Díaz

SAN JOSÉ (proceso).– La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) tiene en sus manos la oportunidad para ordenar al Estado mexicano identificar y sancionar a los responsables del diseño y ejecución de las agresiones policiacas del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco en los que 11 mujeres fueron agredidas sexualmente por uniformados mexiquenses y de la extinta Policía Federal Preventiva.

La anterior es una de las demandas expuestas por las agredidas por medio de sus representantes legales en las audiencias públicas realizadas el jueves 16 y el viernes 17 en la sede de la Corte –paso previo a la sentencia que dictará el tribunal regional–, instancia en la que se radicó el caso Atenco.

Las 11 mujeres, quienes por diversos motivos estaban en ese poblado mexiquense el 4 de mayo de 2006, fueron detenidas de manera arbitraria y procesadas por presuntos ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa y secuestro.

En 2008, las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en septiembre del año pasado turnó el caso a la Corte, ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas un año antes.

En el Informe de Fondo 74/2015, la CIDH urgió al Estado mexicano a “identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación, así como posibles actos de encubrimiento u omisión” (Proceso 2116).

En voz de la abogada Araceli Olivos Portugal, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las 11 mujeres pidieron a la Corte, presidida por el brasileño Roberto F. Caldas, “ordene al Estado realizar una investigación efectiva que incluya todos los hechos y considere su gravedad, así como todos los niveles de responsabilidad, sin descartar de antemano pruebas y líneas de investigación relevantes con el sólo fin de garantizar impunidad para funcionarios percibidos como personas poderosas”.

La defensa de las mujeres, en la que también participa el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, se fundamenta en diversos peritajes de expertos que enviaron a los jueces de la Corte sendos documentos que justifican jurídicamente que el órgano vaya más allá de emitir una sentencia genérica al Estado.

El análisis de Sá Couto

De acuerdo al peritaje de Susana Sá Couto, directora de la Oficina de Investigación sobre Crímenes de Guerra de la Academia de Derechos Humanos del Washington College of Law de la American University, integrado en el expediente debido a que la tortura sexual es un crimen de lesa humanidad, la Corte “puede ordenar que en casos de tortura los Estados investiguen no sólo a los perpetradores directos, sino también a aquellos que teniendo responsabilidad superior de la cadena de mando ordenaron la perpetración de actos de tortura, los instigaron o que, pudiendo prevenir los actos de sus subordinados, omitieron hacerlo”.

Apegándose a los estándares de la Convención contra la Tortura de la ONU y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el peritaje al que Proceso tuvo acceso, sostiene que si bien la Corte “no tiene autoridad ni puede sustituir a las autoridades nacionales en la individualización de perpetradores o en la determinación de las penas correspondientes en el derecho interno por actos de tortura, este tribunal puede evaluar la efectividad de la investigación y el acceso a un recurso efectivo de las víctimas”.

La experta recomienda a los jueces de la Corte “recurrir a los tipos penales que han sido articulados por el derecho penal internacional” como modelo y recuerda que “los funcionarios de policía, los funcionarios políticos locales y regionales e incluso los jefes de Estado han sido condenados penalmente por los crímenes cometidos por subordinados cuando coperpetraron, ordenaron, alentaron, ayudaron, apoyaron y/o no impidieron crímenes o cuando no castigaron a los perpetradores físicos”.

Para la defensa de las 11 mujeres, el caso de Atenco se presta para que la Corte profundice en sus indicaciones. Los expertos que entregaron sus peritajes al tribunal regional –el director de Open Society Justice Initiative, Rob Vanerik, y Ernesto López Portillo, exdirector ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia– sostienen que en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 se desplegaron mil 815 policías estatales y aproximadamente 700 federales.

En un escrito entregado a la Corte, Vanerik consideró que los hechos de Atenco en 2006, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, “no son excepcionales ni aberraciones imprevisibles en las prácticas policiacas estatales y federales en México. Desafortunadamente reflejan realidades persistentes en las policías mexicanas, así como respuestas institucionales y políticas a sus fracasos”.

Un “continuo histórico” 

Convocado por la Corte, López Portillo Vargas, consideró que las múltiples violaciones a derechos humanos ocurridas en Atenco no son más que “parte de un continuo histórico”, como lo demuestran hechos como las represiones a maestros en Oaxaca en 2007; a normalistas en Chilpancingo en 2011; a diversos sectores en diciembre de 2012, y a normalistas de Ayotzinapa en 2014 o Tanhuato en 2015.

En la audiencia la delegación del Estado mexicano, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, pidió a los jueces de la Corte considerar únicamente a la legislación regional y sentenciar de forma genérica al Estado.

En la exposición de alegatos de las partes, el viernes 17 Ruiz Cabañas revivió el discurso de Peña Nieto al señalar que durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 –cuando aún era gobernador– se recurrió al “uso justificado de la fuerza”, para reestablecer el estado de derecho y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no acreditó la responsabilidad de altos mandos policiacos ni de funcionarios de alto rango.

Al puntualizar que no hay evidencias de órdenes expresas de violentar a las mujeres, exigió a los jueces de la Corte que se circunscriban al dictamen del máximo órgano de justicia de México emitido en 2009.

Las palabras del funcionario molestaron a las denunciantes, quienes estaban en la sala y vestían camisetas moradas con la leyenda “Rompiendo el silencio”, nombre de la campaña que emprendieron las 11 mujeres violentadas sexualmente para documentar y apoyar a otras que, como ellas, han sido ultrajadas por miembros de fuerzas de seguridad durante su detención.

“Es falso que no se han ofrecido medidas de reparación. Las víctimas decidieron no aceptar, pero el Estado las ofreció en todo momento, incluso en reuniones con ellas”, dijo el funcionario, tras señalar que entre los ofrecimientos había indemnizaciones, becas, asistencia psicológica y médica, así como vivienda.

Testimonios indignantes

Las palabras de Ruiz Cabañas molestaron a las denunciantes. La víspera, en la sala de audiencias, una de las agredidas, Norma Aidé Jiménez Osorio, dijo que conocía la propuesta del gobierno de Peña Nieto en la que se admiten parte de los hechos. “La mitad de la verdad, no es verdad –dijo–, y el Estado antes nos llamó mentirosas”.

Jiménez Osorio explicó que ella y las otras agredidas fueron a la Corte Interamericana en busca de justicia y verdad.         Ella y Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo expusieron que fueron detenidas de manera arbitraria el 4 de mayo de 2006, las dos primeras en la calle y las otras sacadas con violencia de viviendas donde se refugiaron ante la represión generalizada.

Cada una de estas mujeres a las que convocaron los jueces de la Corte detalló con crudeza los abusos sexuales que sufrieron a manos de varios policías estatales y federales, así como la negativa de agentes del Ministerio Público, médicos legistas y del juez Jaime Maldonado para atender sus denuncias por violación y tortura.

Las cinco confesaron los terribles impactos que la tortura sexual causó a su salud física y mental, así como en su proyecto de vida y familia, situaciones que fueron ampliamente detalladas a instancias de los jueces de la Corte.

Once años de espera

La fuerza de las mujeres para denunciar la violencia sufrida, sostenerse en su lucha durante 11 años, fue públicamente reconocida por los jueces y por Margaret May Macaulay, representante de la CIDH, quien defendió la pertinencia de enjuiciar a México ante falta de voluntad para investigar a “los autores materiales e intelectuales”.

Durante sus alegatos, May Macaulay recordó que en sus testimonios las mujeres fueron consistentes no sólo al describir la violencia física, sexual y psicológica que sufrieron, sino también “sobre las amenazas de muerte o desaparición por parte de los policías”, a los que identificaron por sus uniformes como policías estatales y federales.

Para la comisionada “hubo poco o nada de esfuerzo por avanzar en la investigación, más bien, hubo esfuerzos para paralizarla. No faltaba evidencia, faltaba voluntad de las autoridades para investigar”.

Ante el dolor que causó a las mujeres que se les pusiera en duda, a través de sus representantes solicitaron como medida de reparación “que se difunda la verdad de lo ocurrido”, que no se trató de “incidentes” de abuso, que ya habían sido “debidamente sancionados”, como dijo Peña Nieto cuando era candidato presidencial.

Las mujeres pidieron a la Corte ordene al Estado “disculparse por todos los hechos y retractarse de las declaraciones revictimizantes… y se reconozca que, lejos de ser delincuentes como una vez afirmó el Estado, han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos perpetrados por agentes de todos los niveles de gobierno”.

Al término de los posicionamientos, los jueces formularon preguntas, que permitieron esclarecer que la cifra alegre de 52 funcionarios procesados por tortura y encubrimiento, que había presumido la representación del Estado, se reducía a 18 policías estatales procesados, y que no existían sentencias condenatorias.

Asimismo, se pidió a los representantes de las víctimas describir cuáles son los elementos para “afirmar que existió una estrategia determinada por los mandos, los directores o el gobernador” de ese momento (Peña Nieto), en los hechos; y cuáles serían los derechos colectivos de asociación y reunión violentados, y dónde identifican la responsabilidad política en los hechos.

Al Estado se le pidió identificar los informes de inteligencia previos “para la organización del operativo, si hubo registro de las decisiones y de los resultados, así como explicar con claridad cuáles son los hechos que el Estado reconoce”.

Concluida la audiencia, las comparecientes consideraron como “un triunfo” haber llevado al Estado mexicano “a la silla de los acusados”, según confiaron a la reportera.

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