¿Quiénes traicionan en Salud a Murat, a Celestino y a Oaxaca? / En la opinión de Alfredo Martínez de Aguilar

La política es la eterna historia de las traiciones. Cruel y descarnado, pero totalmente realista axioma aprendido en la maestría con el genial politólogo español Josep María Reniu Vilamala.

Sujeta a pasiones, ambiciones, adicciones y perversiones, la nueva clase política y la burocracia dirigida por ésta, han hecho de la deslealtad la estrategia exitosa para triunfar aparentemente.

Al fin, arribistas y trepadores, salvo cada vez menos honrosas excepciones, los gobernantes, servidores públicos y políticos en general, no solo se traicionan a sí mismos y entre sí. 

Harto condenable resulta que, sobre todo, traicionen al pueblo pobre. Prueba de ello, el mayor saqueo ocurre en las áreas más vulnerables por estratégicas, alimentación, salud y educación.

La muerte tiene permiso en Oaxaca en materia de feminicidios y muertes materno-infantiles. Cada semana, mes y año, aumenta el número estadístico de casos y de víctimas mortales.

En este sentido, quiénes traicionan en la Secretaría y de los Servicios de Salud de Oaxaca al gobernador Alejandro Murat, al secretario y director Celestino Alonso y a los oaxaqueños.

A reserva de abundar en posteriores entregas de esta columna, baste mencionar a vuela pájaro que, responsables son los últimos gobernadores priistas y el coalicionista de Gabino Cué.

Para garantizarse impunidad en el saqueo de los multimillonarios presupuestos anuales destinados al sector salud, por un lado, dividieron y enfrentaron a la base trabajadora.

Y, por otro lado, fomentaron la infiltración de organizaciones sociales radicales como el Frente Popular Revolucionario (FPR), quienes promovieron la creación de sindicatos independientes.

Los promotores del colapso político y financiero son el todavía senador petista Benjamín Robles Montoya y Jorge Enrique Castillo Díaz, principal probable lavador de dinero de Gabino Cué. 

Hasta ahora, los únicos peces gordos que han sido detenidos y están sujetos a proceso por el saqueo en Salud son Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, Enrique Arnaud Viñas y Gerardo Cajiga Estrada 'liberado' bajo el beneficio de resguardo a domicilio. 

Pero hasta el momento no se ha confiscado un miserable peso al ex secretario y ex director de Salud y de los Servicios de Salud de Oaxaca ni a los ex secretarios de Finanzas. Aun cuando sean sentenciados culpables, los tres seguirán disfrutando de sus fortunas sin ningún problema.    

El pasado mes de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, por la muerte de una mujer debido a una inadecuada atención médica durante el parto y la recuperación por parte de pasante de medicina en el Centro de Salud de San Miguel Coatlán.

Derivado de la remisión que realizó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el organismo nacional conoció la queja en la cual se narra que el 6 de marzo de 2016, la mujer de 25 años dio a luz en el Centro de Salud de San Miguel Coatlán, tras lo cual el personal médico comentó a su esposo que estaba "enferma y delicada", por lo que fue trasladada al Hospital Rural 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Miahuatlán de Porfirio Díaz.

A las 6:00 horas del día siguiente, un médico del Hospital Rural informó al esposo de la víctima que ésta había fallecido dos horas antes.

Por los hechos, la CNDH encontró elementos suficientes que acreditan vulneración a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida de la agraviada, por lo que solicitó al gobernador que se repare el daño al esposo, madre e hijo.

Esta Recomendación, que ya fue debidamente notificada a su destinatario, puede consultarse en la página www.cndh.org.mx.

Además, se pide colaborar en la integración de la indagatoria que se inició con motivo de la denuncia de hechos que la CNDH formuló ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y en el trámite de la queja administrativa respectiva, e impartir en dicho Centro un curso integral sobre derechos humanos de las mujeres y otro sobre las normas oficiales mexicanas relacionadas con el tema.

Pero hay más, según dieron a conocer diversos medios, hace cuatro días el bebé de una mujer embarazada falleció en Chiquihuitlán de Benito Juárez, en la región Cañada, debido a que no recibió la atención médica adecuada.

La mañana del pasado jueves, aproximadamente a las 10:30 horas, autoridades de esa localidad solicitaron el apoyo de una ambulancia aérea, pues una mujer con 36 semanas de embarazo presentó complicaciones.

La solicitud se hizo porque las torrenciales lluvias de la tormenta tropical Ramón dejaron incomunicada dicha comunidad vía terrestre.

Sin embargo, la ambulancia aérea nunca llegó y como consecuencia de la falta de atención médica especializada el bebé murió y la mujer, identificada como Micaela Peláez de 31 años de edad, se encuentra grave.

Las autoridades municipales señalaron que tuvieron que sacar a la mujer en una camilla sorteando los derrumbes para llevarla a una clínica en Cuicatlán casi al anochecer.

La información oficial al respecto termino hecha bolas al ser totalmente confusa y contradictoria en torno del envío de la ambulancia aérea, pues inicialmente se aseguró que había sido enviada a Chiquihuitlán de Benito Juárez, pero al final se reconoció que no ocurrió así.

Como siempre pretextos no faltaron para tratar de justificar la omisión y negligencia de los servidores públicos de la Secretaría y de los Servicios de Salud de Oaxaca; dependencia en la que, lamentable y dolorosamente, ha sido rebasado su titular, Celestino Alonso Álvarez, por la corrupción de las mafias que controlan el sector salud en Oaxaca.

Entendible, jamás justificable, porque Benjamín Robles Montoya y Jorge Enrique Castillo Díaz, vicegobernadores de Gabino Cué, dejaron armada la bomba de tiempo que en cualquier momento amenaza explotar en la Secretaría y de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Aun cuando la corrupción no somos todos, gracias a Dios no todo está perdido la explicación del colapso político financiero de Oaxaca tiene como causa fundamental la corrupción directa o indirectamente. No es exclusiva de los sectores público y social, pues también se hace extensiva a sector privado.

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción más de la mitad de los mexicanos han sobornado a autoridades en el último año para acceder a servicios públicos básicos.

Esto coloca a México como el país con mayor corrupción, seguido de República Dominicana, donde el 46% de sus pobladores han pagado sobornos, señala el estudio "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe".

Los índices de soborno son sustancialmente inferiores, dice el estudio, en Trinidad y Tobago, donde solamente el 6% de las personas lo pagaron en el mismo lapso.

"México evidencia claramente los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos", según el estudio la mayor corrupción está en el caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal (del 33% al 39%).

Los sobornos a la policía son los más comunes en Venezuela, dos de cada cinco personas pagaron para obtener ayuda de un policía, para evitar ser detenidos o pagar una multa (41%).

También los sobornos en Tribunales son elevados en Venezuela y en Honduras, con 36% y 56%, respectivamente.

De acuerdo al estudio, el soborno es una acción habitual para muchas personas de la región que necesitan acceder a servicios básicos. En los 20 países sondeados, más de 90 millones de personas pagaron sobornos en los últimos 12 meses. Esto es, casi una de cada tres de las personas en estos países.

México, Colombia, República Dominicana, Perú y Venezuela tienen el peor resultado, pues tienen calificaciones negativas en cuatro de los cinco indicadores: variación en el nivel de corrupción; desempeño del gobierno frente a la corrupción; corrupción en la policía; cantidad de ciudadanos que pagan sobornos y acciones de los ciudadanos contra la corrupción.

"En estos países, los índices de soborno son elevados, se percibe un alto grado de corrupción policial y los ciudadanos tienen una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción como de la merma en el nivel de corrupción durante los 12 meses anteriores", explica el estudio.

Detrás de la Noticia
Alfredo Martínez de Aguilar
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila

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Foto: CUARTOSCURO.COM
 

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